Presidente encargado presiona a ministro Jiménez Borra para que abra rejas de penal de Barbadillo a golpista Pedro Castillo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, podría renunciar en cualquier momento, ante el intento del presidente interino José María Balcázar (83) por excarcelar al golpista José Pedro Castillo Terrones (56), en base a una recomendación no vinculante del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA).
El viernes 10 de julio, Balcázar Zelada no tuvo reparos en presionar públicamente al ministro Jiménez Borra por el caso Castillo. ‘Estudiaremos con el ministro de Justicia, que se supone es un hombre conocedor de las resoluciones internacionales y derechos humanos. Él tendrá que analizar bien, porque para eso es precisamente el asesor del Consejo de Ministros’, dijo.
Pero ahí no quedó el tema, pues inmediatamente después el paisano del golpista Pedro Castillo dijo: ‘Todo abogado que es ministro de Justicia es un asesor nato del Consejo de Ministros y esperamos que esté a la altura de las circunstancias para analizar este documento que acaba de salir’.
El ministro Jiménez Borra ha mostrado reiteradamente sus discrepancias con los intentos de excarcelar a Castillo Terrones del penal de la Diroes a través de siete pedidos de indulto y un derecho de gracia que han sido negados reiteradamente por la Comisión de Gracias Presidenciales por falta de sustento.
El 13 de mayo último, ese grupo de trabajo se desarticuló, una vez que se puso en evidencia que su quinto miembro, la abogada Leslie Roxana Gonzales Cabanillas, era hija de dos profesores cajamarquinos cercanos a Pedro Castillo.
Para completar la comparsa libertadora del golpista Castillo, el domingo 12 de julio, el fracasado candidato presidencial Roberto Helbert Sánchez Palomino (57) acudió al penal de Barbadillo, donde anunció una movilización por la liberación de Castillo Terrones para el miércoles 15.
Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que le impuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
