Gobierno de López Obrador advirtió que informe de Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) no reflejaba adecuadamente contexto de su país.
El gobierno de México cuestionó públicamente en el 2023 la labor que desarrolló en su país el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), el mismo que ahora ha recomendado la liberación del golpista José Pedro Castillo Terrones (56) y el pago de una reparación civil en su favor.
Ese equipo visitó el país azteca entre el 18 y el 29 de septiembre del 2023 para inspeccionar centros federales de readaptación social en Chiapas, Nuevo León y Ciudad de México, e hizo varias observaciones que fueron refutadas inmediatamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
‘La política de seguridad del Gobierno de México tiene un nuevo enfoque que busca atacar las causas estructurales de la desigualdad y reconoce los desafíos en la materia; no se coincide en la apreciación del Grupo de Trabajo de que las detenciones arbitrarias se presenten de manera generalizada en el país’, manifestó el gobierno.
El diario El Universal escribió: ‘Relaciones Exteriores y Gobernación señalaron la importancia de reflejar de manera adecuada la situación del país, pues ello abonará a que las recomendaciones del Grupo de Trabajo sean implementadas y se traduzcan en acciones para el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos’.
Ese mismo Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) es el que recomendó hace unos días la excarcelación de Pedro Castillo, con el adicional insólito de exigir el pago de una reparación civil en favor de quien pretendió quebrar el orden constitucional a través de un golpe de Estado.
Esta última decisión resulta sospechosa, porque fue aprobada en noviembre de 2025 pero recién se dio a conocer ocho meses después, ahora que se viene abajo el andamiaje legal montado para librar al profesor golpista de los barrotes del penal de Barbadillo a través de siete pedidos de indulto y un derecho de gracia.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) está integrado por cinco miembros: Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia), quienes votaron a favor de Castillo, así como por Ganna Yudkivska (Ucrania) y Ethan Hee-Seok Shin (República de Corea), quienes votaron en contra.
El pronunciamiento fue difundido extensamente a 18 días de que Keiko Sofía Fujimori Higuchi (51) asuma la Presidencia de la República, lo que cerraría a Castillo las rejas de la Diroes hasta que cumpla su condena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel que le impuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Los argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto, ambos miembros de la defensa internacional de Castillo, trabajaron activamente desde el 2023 para trasladar su caso fuera de las fronteras peruanas
