Sin principio de autoridad, la lucha contra el crimen es apenas una consigna. Primero se recupera el Estado; luego se combate al sicario, al extorsionador y al miedo.
El próximo gobierno de Keiko Fujimori tendrá un reto mayor que prometer mano dura. Tendrá que reconstruir algo más profundo, más incómodo y más urgente: el principio de autoridad. Sin eso, la lucha contra el crimen organizado será apenas otra promesa más de campaña difícil de cumplir.
Durante años se instaló en el país una confusión deliberada. Como el régimen de Alberto Fujimori tuvo aspectos autoritarios y zonas moralmente indefendibles, cierta élite política, aquella que algunos han denominado caviares, decidió convertir toda forma de autoridad en sospecha. No distinguió entre abuso y orden. No distinguió entre represión y cumplimiento de la ley. No distinguió entre un Estado que atropella y un Estado que protege. Metió todo en el mismo saco, le puso etiqueta de autoritarismo y luego se fue a dictar cátedra de democracia desde un ministerio, una ONG, una consultoría o una oficina con aire acondicionado.
El resultado está a la vista. Una Policía Nacional del Perú que muchas veces duda antes de actuar. Un delincuente que conoce mejor sus ‘derechos’ que sus límites. Una calle donde el principio de autoridad ha sido sustituido por la presión de la turba, el celular encendido, el titular malicioso y el fiscal de turno mirando al policía como sospechoso antes que como representante del Estado.
Por eso, hablar de inteligencia policial es indispensable, pero insuficiente. Sin inteligencia no se desarticula una red de extorsión, no se sigue la ruta del dinero, no se llega al sicario, al financista ni al cabecilla. Pero la inteligencia también necesita autoridad. De nada sirve identificar, ubicar, vigilar y capturar si luego una mala actuación fiscal, una interpretación complaciente o una puerta giratoria judicial devuelve al delincuente a la calle antes de que el policía termine de hacer el parte.
Ahí aparece otra fractura del sistema. La policía captura, pero algunos fiscales liberan. La PNP arriesga, pero el Ministerio Público a veces parece más preocupado por encontrarle la quinta pata al procedimiento que por sostener una investigación seria. No se trata de pedir fiscales obedientes ni jueces decorativos. Se trata de exigir una coordinación real, firme y profesional entre Policía, Fiscalía e inteligencia. Sin eso, el Estado termina convertido en un aparato contradictorio: una mano detiene y la otra suelta.
Pero incluso esa coordinación será débil si el país no recupera primero el principio de autoridad. Ese es el dilema del huevo y la gallina. ¿Primero combatimos el crimen o primero recuperamos la autoridad? La respuesta es incómoda, pero evidente. Sin autoridad no hay combate posible. El sicariato, la extorsión y las mafias no crecen solo porque cruzaron fronteras. Crecen porque encontraron un Estado acomplejado, una policía desmoralizada, una justicia errática y una clase política que durante años confundió firmeza con fascismo.
El derecho a protestar existe, pero no autoriza a incendiar, bloquear, apedrear o convertir al policía en saco de entrenamiento callejero. Los derechos humanos son para todos, también para el efectivo que sale a contener una manifestación violenta, capturar a un microcomercializador o ejecutar un desalojo ordenado por un juez.
En los últimos años se han dado normas para devolver respaldo legal a la función policial. Es un avance, pero insuficiente si no viene acompañado de entrenamiento, equipamiento, inteligencia, defensa legal real, conducción política seria y un mensaje inequívoco. El policía que delinque será sancionado, pero el policía que cumple su deber será protegido.
Keiko ha prometido orden. La palabra es poderosa, pero peligrosa si se queda en eslogan. Orden no significa nostalgia autoritaria. Orden significa que la ley vuelva a mandar, que la autoridad vuelva a ser respetada y que el miedo cambie de vereda. Porque hoy el ciudadano teme al delincuente, el policía teme actuar y el delincuente ya aprendió a usar el sistema como escudo.
Recuperar el principio de autoridad no será autoritarismo. Será apenas el primer acto de reconstrucción nacional.
