Extender la votación después del caos y con resultados parciales en circulación no salva la elección. La hunde más.
Lo que ocurrió no fue una simple falla logística. Fue un derrumbe institucional en pleno día electoral. Y lo peor no es solo el desastre. Lo peor es la pretensión obscena de maquillarlo como si fuera una contingencia corregible, una incomodidad pasajera, un percance administrativo que se arregla estirando horarios y lanzando exhortaciones tardías. No. Lo que se quebró fue algo bastante más serio. La igualdad misma del sufragio y la confianza ciudadana.
Una elección deja de ser limpia cuando no todos votan en las mismas condiciones. Así de simple. Si miles de ciudadanos-63,000- no pudieron ejercer su derecho por responsabilidad directa del aparato electoral, el proceso ya está herido. Pero si, además, se pretende que esos ciudadanos voten después, cuando ya circulan bocas de urna, proyecciones, comentarios, tendencias y resultados parciales, entonces lo que se hace no es reparar la elección. Es contaminarla más. Es convertir una irregularidad grave en una distorsión abierta de la voluntad popular.
El razonamiento del pleno del JNE es tan endeble que parece estructurado para administrar el escándalo y no para proteger la legalidad. ¿De qué sirve prohibir propaganda electoral cuando el hecho político más poderoso del día ya ocurrió y consiste en la circulación de información sobre quién va ganando y quién va cayendo? ¿De qué sirve pedir que no se difundan conteos rápidos cuando el país entero ya entró en la lógica del resultado, del comentario, de la especulación y del voto influido? Quieren hacernos creer que el problema se resuelve cerrando la puerta cuando ya dejaron entrar a todo el mundo.
Aquí no solo falló la ONPE. Falló el JNE y el Gobierno. Y el presidente encargado José María Balcázar no dio la talla. Porque esto no se improvisa el mismo día. El material electoral no puede llegar tarde como si se tratara de una mudanza mal hecha. Una elección nacional exige previsión, ruta, control, seguridad, redundancia y mando. Si todo eso faltó, no estamos ante un error menor. Estamos ante una cadena de incompetencias que lesionó un derecho fundamental y dejó al proceso entero bajo sospecha.
Y cuando una autoridad responde a una crisis de confianza con una salida jurídicamente débil, políticamente torpe y materialmente inviable, lo que hace no es calmar al país. Lo empuja a desconfiar más. Porque la ciudadanía no es tonta. Entiende perfectamente cuándo le hablan con seriedad y cuándo le quieren vender un parche como si fuera una garantía democrática.
La verdad incómoda es esta. Una elección que ya no asegura igualdad, neutralidad ni confianza no se salva con prórrogas. Se invalida. Lo demás es burocracia defensiva. Y, en el fondo, una forma elegante de encubrir un fracaso intolerable. Un fraude de otra manera.
