La reconciliación no se construye sobre mentiras. Mucho menos sobre mayorías que nunca existieron.
Hay ideas que se repiten tanto que terminan pareciendo verdades. Una de ellas sostiene que liberar a Pedro Castillo sería un gesto indispensable para la reconciliación nacional. Se presenta como una salida política cuando, en realidad, no es más que otra narrativa cuidadosamente construida para reemplazar los hechos por emociones.
Basta revisar los números.
Si Pedro Castillo conservara el respaldo que algunos le atribuyen, Roberto Sánchez- quien hizo campaña apropiándose del sombrero, reivindicando su gobierno y prometiendo su liberación- habría obtenido una votación cercana a ese supuesto apoyo popular desde la primera vuelta. No ocurrió. Alcanzó apenas alrededor del 12% de los votos válidos. Ese fue el verdadero tamaño electoral del castillismo. No la imaginaria ‘mitad del país’ que algunos intentan vender.
La segunda vuelta respondió a una lógica completamente distinta. Allí confluyeron el persistente antifujimorismo, el voto de rechazo, el descontento con la clase política y millones de ciudadanos que simplemente optaron por lo que consideraban el mal menor. Confundir ese resultado con un respaldo masivo a Pedro Castillo constituye una manipulación política deliberada.
Pero existe un dato todavía más contundente que suele desaparecer del debate.
Es cierto que ambos candidatos superaron los nueve millones de votos. Sin embargo, cerca de un tercio del padrón electoral ni siquiera acudió a votar. Millones de peruanos no respaldaron a ninguno de los dos candidatos. Esa realidad, por sí sola, derrumba el relato de un país supuestamente dividido en dos mitades irreconciliables alrededor de Castillo. Pretender que el 49% y fracción obtenido por Roberto Sánchez constituye un mandato popular para liberar al expresidente equivale a apropiarse de millones de voluntades que jamás votaron pensando en él.
Los votos no son hereditarios. Tampoco son transferibles por decreto político. Cada ciudadano votó por razones distintas. Muchos lo hicieron contra una candidatura y no necesariamente a favor de la otra. Convertir ese voto circunstancial en un cheque en blanco para justificar un indulto- jurídicamente inviable- o una gracia presidencial cuyos requisitos tampoco concurren constituye una de las mayores estafas narrativas de la izquierda actual.
Pero la mentira de la supuesta ‘mitad del país’ no es un caso aislado. Forma parte de un método político mucho más amplio. Cuando los hechos incomodan, se fabrica una narrativa capaz de sustituirlos. Por eso no sorprende que aparezcan otras ficciones convertidas, a fuerza de repetirse, en verdades oficiales.
También se insiste en que el fujimorismo gobernó el Perú durante la última década. No es cierto. Haber tenido una importante presencia parlamentaria o capacidad de influencia política no equivale a haber ejercido el Poder Ejecutivo. Los gobiernos posteriores al año 2000 tuvieron otros presidentes, otras mayorías y otras responsabilidades. Confundir influencia con gobierno es otra manera de deformar los hechos.
La misma operación aparece cuando se intenta atribuir al fujimorismo las más de cincuenta muertes ocurridas durante la violencia posterior al golpe del 7 de diciembre de 2022. Dina Boluarte no llegó a la Presidencia por decisión de Fuerza Popular. Llegó porque fue elegida vicepresidenta en la fórmula encabezada por Pedro Castillo, precisamente por los mismos sectores políticos que hoy pretenden deslindar toda responsabilidad, y porque la Constitución establecía que debía asumir el cargo tras el intento de quebrar el orden democrático. Que determinadas fuerzas parlamentarias hayan sostenido posteriormente su gobierno pertenece al debate político. Convertir ese hecho en la explicación automática de cada decisión del Ejecutivo es otra narrativa construida para desplazar responsabilidades.
Ahora el relato pretende encontrar refugio en un informe de un grupo de expertos de la ONU, presentado poco menos que como una sentencia definitiva. Tampoco resiste el menor análisis. Se trata de una opinión sin efectos vinculantes para el Estado peruano y sin autoridad para imponer criterios a un Poder Judicial constitucionalmente autónomo.
En ese contexto resultan especialmente preocupantes los rumores sobre una eventual liberación de Castillo durante los últimos días del gobierno encargado de José María Balcázar. Si una decisión de esa naturaleza ya sería altamente cuestionable desde el punto de vista jurídico, ejecutarla a escasos días de la transferencia de mando solo podría interpretarse como una arbitrariedad destinada a condicionar al próximo gobierno y a sembrarle un conflicto político e institucional desde el primer día. Sería, además, una decisión expuesta a severos cuestionamientos constitucionales y a las responsabilidades que de ella pudieran derivarse.
Pedro Castillo no representa la reconciliación. Representa el intento de quebrar el orden constitucional. A su alrededor siguen gravitando sectores radicales que nunca renunciaron a socavar las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
Las narrativas pueden ganar titulares. Incluso dominar el debate durante un tiempo. Lo que nunca podrán hacer es cambiar los hechos. Porque cuando un país empieza a gobernarse con relatos en lugar de la verdad, la primera víctima siempre termina siendo la democracia.
