El crimen dispara, El Niño avanza y la oposición devuelve el desfibrilador a mesa de partes. Su agenda ideológica, en cambio, recibe atención inmediata.
La izquierda ha descubierto cómo atender una emergencia. Primero declara que el país está indefenso. Después cuestiona las herramientas para defenderlo. Finalmente, exige que todo vuelva al punto de partida. Una manera de apagar un incendio devolviendo el extintor por defectos de redacción en la etiqueta.
El diputado Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, reclama que el Ejecutivo presente nuevamente su solicitud de facultades legislativas y la limite a seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño. Reconoce que las urgencias no admiten espera, pero propone atenderlas reiniciando el trámite. El temporal se aproxima, el sicariato no descansa y JP recomienda repetir el formulario.
Mientras las facultades permanecen bajo sospecha, JP despliega la bandera que agitó durante la campaña de Roberto Sánchez. Propone derogar siete normas y Ahora Nación eleva la apuesta a diez. Los paquetes se superponen y apuntan a deshacer reformas sobre crimen organizado, detención preliminar, prescripción, colaboración eficaz, extinción de dominio y responsabilidad penal de los partidos.
Las llaman ‘leyes procrimen’, una etiqueta fabricada para cerrar la discusión antes de empezarla. En otra pista, Indira Huilca propone derogar la amnistía concedida a militares y policías por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo, César Holguín cuestiona el fuero militar-policial y Harvey Colchado plantea limitar las pensiones de retirados con cargos electivos. Los tres pertenecen a Ahora Nación. Cambian los nombres y la envoltura. La obsesión permanece intacta.
Algunas de estas iniciativas merecen discusión. Lo revelador es la velocidad selectiva. Para reabrir batallas ideológicas sobran reflejos. Para responder a las urgencias aparecen escrúpulos, sospechas y laberintos reglamentarios.
El problema no es que la oposición legisle. El problema es que pretenda reducir la agenda a aquello que cabe dentro de su libreto. Las facultades no abarcan solo seguridad y prevención ante El Niño. Incluyen eliminar barreras burocráticas, simplificar trámites, mejorar la regulación, impulsar la transformación digital, fortalecer a las mypes y promover empleo. No son asuntos decorativos. Son parte del engranaje oxidado que impide al Estado reaccionar incluso ante una emergencia declarada.
El Parlamento debe revisar, recortar y controlar. Delegar facultades no significa extender un cheque en blanco ni convertir al Congreso en mesa de partes. Pero fiscalizar es poner límites, no esconder el reloj. Una cosa es impedir excesos y otra convertir el procedimiento en sala de espera mientras afuera se acumulan cadáveres y las lluvias amenazan con causar estragos.
La izquierda parece querer un Gobierno con las manos atadas para luego denunciar que no actúa. Es su especialidad. Fabricar la parálisis, contemplar el desastre y presentarse después como testigo indignado.
El país no puede esperar mientras el Parlamento decide qué urgencias combinan con su ideología. Cuando lleguen las lluvias y vuelva a disparar el sicario, nadie podrá defenderse con una cuestión previa. La demora también tendrá autores. Sus firmas estarán en el expediente.
