La izquierda que ayer exigía validar todo, hoy pretende borrar miles de mesas. El JNE no puede resolver según quién reclama.
Juntos por el Perú y Roberto Sánchez acaban de hacer lo que en la primera vuelta condenaron con indignación impostada. Han presentado recursos para intentar anular más de 2,400 mesas de votación, una cifra capaz de comprometer hasta 600 mil votos. No se trata de una observación menor ni de una discrepancia técnica aislada. Se trata de una pretensión política de enorme impacto electoral, justo cuando el conteo dejó de sonreírle a Sánchez, heredero político del sombrero de Barbadillo.
El argumento ahora son los ‘patrones idénticos’ en actas que, según JP, revelarían irregularidades a favor de Fuerza Popular. Curioso. En 2021, cuando Fuerza Popular denunció actas con firmas semejantes, mesas sospechosamente uniformes, votantes fallecidos y ciudadanos ocupando mesas desde temprano ante la ausencia de miembros titulares, la izquierda respondió con una contundencia de garrote moral. Fraude no existía. Dudar era golpismo. Pedir revisión era desconocer la democracia.
Aquel proceso quedó marcado por una sombra institucional que nunca fue debidamente despejada. El pleno del JNE de entonces, presidido por José Luis Salas Arenas, no se completó oportunamente tras la declinación de Luis Arce. Aun así, el país vio cómo se resolvían actas decisivas bajo un clima de presión, arbitrariedad percibida y velocidad selectiva. Para unos, toda duda debía archivarse. Para otros, toda observación era sospechosa de conspiración. La vara no fue jurídica, fue política.
Cinco años después, la historia regresa con los papeles invertidos. La izquierda que ridiculizó cada cuestionamiento hoy pretende instalar su propia narrativa de fraude. La diferencia es que ahora no pide revisar una elección dudosa para proteger votos, sino eliminar más de dos mil mesas cuando los números ya no acompañan. Eso no es defensa democrática. Eso huele a desesperación aritmética.
Y aquí aparece la verdadera prueba para Roberto Burneo, actual presidente del JNE. En la primera vuelta de 2026 hubo irregularidades, retrasos en la entrega del material electoral, mesas no instaladas, mesas cuestionadas, incidencias logísticas y un profundo deterioro de la confianza ciudadana. Burneo lo sabe. También sabe que no puede resolver esta segunda vuelta con criterios elásticos, temor al ruido callejero o complacencia frente a quienes creen que las instituciones son válidas solo cuando les sirven.
El JNE debe revisar lo que corresponda, incluidas las más de 1,500 actas observadas, mesa por mesa, acta por acta, prueba por prueba. Pero no puede permitir que una elección se decida anulando votos por intuición, sospecha o conveniencia partidaria. Si hay prueba, que se sancione. Si no la hay, que se respete el voto. Paradójico, porque esa es precisamente la narrativa que la izquierda de JP ha venido repitiendo como sonsonete durante años. Hoy se les atraganta su propio libreto.
Burneo está frente a su espejo y ante una hora crucial. O actúa como árbitro electoral, con firmeza, independencia y respeto estricto por la voluntad popular, o quedará inscrito como otro notario del poder de turno. La democracia no puede volver a extraviarse entre tecnicismos, silencios calculados y resoluciones hechas a la medida del que grita más fuerte. Menos aún del que amenaza con incendiar las calles cuando las urnas dejan de obedecerle.
El JNE no está para administrar presiones, sino para defender votos. No está para premiar al que amenaza, sino para poner límite al que pretende torcer el resultado desde la mesa de partes. Si Burneo permite que se borren miles de mesas sin pruebas sólidas, no habrá resuelto una elección. Habrá firmado una advertencia peligrosa para el país. Que en el Perú ya no gana quien obtiene más votos, sino quien logra asustar mejor al árbitro.
