Las cuatro cajas halladas en Surquillo no son un accidente menor. Son la prueba obscena de un sistema electoral descompuesto, una ONPE desbordada y un Estado que ya ni siquiera custodia lo más sagrado.
La ONPE ha intentado vender el hallazgo de cuatro cajas con cédulas de votación de Surco, abandonadas en una calle de Surquillo, como si se tratara de un percance logístico sin mayor trascendencia. La excusa oficial es casi insultante. Los votos, dice la institución, ya habían sido consignados en actas, procesados y publicados, de modo que el episodio no alteraría el resultado. Pero ese no es el punto. El punto es otro, y es mucho más grave. Cuando una autoridad electoral permite que material sensible termine tirado entre basura, no estamos ante un simple error operativo. Estamos ante una señal brutal de descomposición institucional.
Las cédulas no son un adorno prescindible una vez subida el acta. Son respaldo físico, cadena de custodia, prueba material, reserva para cualquier observación, impugnación o revisión posterior. Restarle importancia a su pérdida momentánea equivale a confesar que la institución ha dejado de entender la dimensión del bien que administra. No custodia cajas. Custodia confianza. Y la confianza, cuando se rompe, no se recompone con comunicados fríos ni con explicaciones de oficina.
La versión oficial agrava todavía más el escándalo. Según el propio comunicado, el material fue trasladado en un vehículo contratado, con presencia de un coordinador de ONPE, un policía y un fiscalizador del JNE. Después de descargar 24 cajas, recién advirtieron que cuatro habían quedado en la maletera ‘por temas de espacio’. Luego no pudieron ubicar al conductor. Traducido al castellano real, tres personas encargadas de custodiar material electoral no advirtieron que faltaban cuatro cajas y el vehículo simplemente desapareció. Eso no es una explicación. Es una radiografía de ineptitud.
Algunos dirán que son apenas 1,200 cédulas entre millones de votantes. Justamente ahí reside la trampa. Las democracias no se deterioran solo con grandes fraudes cinematográficos. También se erosionan con pequeñas miserias administrativas, con negligencias repetidas, con autoridades que normalizan lo inaceptable y con ciudadanos obligados a resignarse ante lo absurdo. La deslegitimación no siempre entra pateando la puerta. A veces entra en taxi y termina en una esquina, entre desechos.
Y este desastre no cayó del cielo. La ONPE de Piero Corvetto ya venía arrastrando serios cuestionamientos. En 2026, el caos logístico dejó 211 mesas afectadas y desató una denuncia penal impulsada por el JNE. Incluso voces como la del exdefensor Walter Gutiérrez han sostenido que la permanencia de Corvetto perturba el proceso. Tampoco en 2021 la institución estuvo a salvo de críticas por retrasos y fallas en la instalación de mesas, admitidas entonces por el propio jefe de la ONPE. El problema, por tanto, no es un tropiezo aislado. Es un patrón.
Por eso estas cajas no son una anécdota noticiosa. Son una metáfora del Perú estatal. Un país donde lo esencial se extravía, la responsabilidad se diluye y la autoridad pide calma mientras todo huele a abandono. La ONPE no solo ha perdido cajas. Está perdiendo algo bastante más delicado. Está perdiendo credibilidad. Y cuando la autoridad electoral pierde credibilidad, la democracia empieza a pudrirse por dentro.
