Después de cinco años de improvisación, el Perú vuelve a tener un equipo escogido para gobernar y no simplemente para llenar casilleros.
El primer gabinete de Keiko Fujimori no deslumbra por la novedad ni necesita hacerlo. Después de cinco años de precariedad y nombramientos inexplicables, ofrece algo bastante más urgente. Experiencia, equilibrio, conocimiento del Estado y una razonable expectativa de conducción.
No es todavía una garantía de buen gobierno, pero sí un punto de partida claramente superior al que el Perú se acostumbró a padecer.
Luis Galarreta, al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, aporta conducción política, capacidad de negociación y manejo del Congreso. Elmer Cuba ofrece solvencia económica y una señal de responsabilidad fiscal. Ernesto Álvarez conoce la Constitución, sus alcances y también sus límites. César Astudillo y Rafael Belaunde llegan a sectores donde el país necesita recuperar autoridad y eficiencia, aunque este último deberá compensar su falta de experiencia directa en Defensa.
Carlos Espá asume Relaciones Exteriores con experiencia en comunicación, asuntos internacionales y conocimiento del vínculo con Estados Unidos. Tendrá la tarea de recuperar una política exterior seria, previsible y alineada con los intereses del Perú.
Marco Vinelli, Guillermo Shinno, Roger Valencia y Juan Carlos Requejo conocen actividades productivas que deben volver a moverse. José Antonio Chang, Juan Sheput, Rafael Rey y Vladimiro Huaroc suman oficio político, experiencia pública y conocimiento territorial. Alberto Beingolea aporta formación jurídica y capacidad de comunicación.
María Magdalena Seminario llega al Ministerio de la Mujer con trayectoria política y experiencia municipal. Maritza Canales tendrá el desafío de convertir la inclusión social en oportunidades reales y no en la administración rutinaria de programas asistenciales.
Luis Dyer no es especialista en salud. Hay que decirlo sin rodeos. Pero tampoco llega como un improvisado absoluto. Durante la campaña demostró capacidad de organización, despliegue territorial, conducción de equipos y cumplimiento de objetivos. Ahora deberá probar que esas habilidades pueden trasladarse a un sistema sanitario colapsado, donde administrar bien resulta tan urgente como conocer técnicamente el sector.
No es, por tanto, un gabinete de aprendices. Tampoco una repartija exclusiva de Fuerza Popular. Combina técnicos y políticos, especialistas y gestores, experiencia sectorial y capacidad de conducción. En las actuales circunstancias, ese equilibrio no es un detalle. Es una necesidad.
Eso no obliga a cerrar los ojos. Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registra condenas cumplidas de 1997. Beingolea afronta una acusación fiscal por presunta colusión agravada y no existe sentencia firme en su contra. Ambos casos exigen explicación, transparencia y vigilancia. El respaldo inicial nunca debe convertirse en indulgencia ni la expectativa en cheque en blanco.
Aun así, el contraste con los últimos cinco años resulta inevitable.
No se trató únicamente de gobiernos débiles ni de algunos ministros desafortunados. El Perú soportó una degradación inédita del estándar ministerial. Pedro Castillo convirtió varias carteras en cuotas partidarias, premios de campaña y refugios para personajes sin preparación suficiente. Dina Boluarte normalizó la rotación, la precariedad y la supervivencia burocrática. Jerí y Balcázar se limitaron a administrar la inercia de un Estado que había perdido dirección.
Durante un lustro, demasiados ministerios dejaron de ser espacios reservados para la capacidad y se convirtieron en casilleros por llenar, favores por pagar o crisis por contener. La incompetencia dejó de ser una excepción vergonzosa y pasó a formar parte del paisaje.
Por eso este gabinete no necesita ser extraordinario para marcar una diferencia. Le basta, por ahora, con devolver experiencia, idoneidad y sentido de responsabilidad a cargos tratados durante demasiado tiempo con una ligereza imperdonable.
Fujimori había advertido que recibía el Estado en una situación catastrófica y con un panorama desolador. La frase pudo parecer excesiva, pero describe una administración debilitada, servicios públicos deficientes, obras paralizadas y una institucionalidad castigada durante cinco años.
Este gabinete permite recuperar cierta expectativa porque llega con más credenciales que excusas. Su obligación será reconstruir lo que los últimos gobiernos arrojaron por la borda, empezando por la institucionalidad, la meritocracia, la autoridad y la confianza en el Estado.
Pero no tendrá el camino libre.
La izquierda radical ya presentó sus credenciales al abandonar el hemiciclo antes del mensaje presidencial, delante de mandatarios extranjeros, delegaciones internacionales y el rey de España. No fue una protesta ingeniosa ni una muestra de rebeldía democrática. Fue una descortesía nacional y el anticipo de una oposición que parece dispuesta a convertir cada diferencia en obstrucción.
Ese será uno de los mayores desafíos del nuevo gobierno. Gobernar un país dañado mientras enfrenta a sectores más interesados en impedir que en proponer, más dispuestos a desgastar que a construir y más cómodos en la confrontación que en la democracia.
El Ejecutivo deberá responder sin victimizarse, sin excesos y sin coartadas. Con firmeza, legalidad y resultados. No bastará con ser mejor que sus antecesores. Tendrá que demostrarlo todos los días.
Los nombres han despertado una esperanza razonable. Ahora deberán probar que no fueron convocados para administrar un Estado en escombros, sino para poner nuevamente al Perú de pie.
