El Perú no puede seguir confundiendo garantías electorales con permiso para secuestrar resultados.
Colombia acaba de darle una bofetada institucional al Perú sin proponérselo. En una de sus elecciones más estrechas, con tensión política, reclamos y margen mínimo, el Consejo Nacional Electoral entregó credenciales en cuatro días. Ganó Abelardo de la Espriella y el sistema hizo lo que debía hacer. Contó, resolvió, proclamó y cerró. Así funciona una democracia adulta. No perfecta, pero funcional.
En el Perú, en cambio, seguimos atrapados en esa liturgia interminable donde cada recurso parece una estación del vía crucis electoral. Roberto Burneo dice que el JNE estima proclamar el 3 de julio, si no hay nuevas dificultades. Esa frase, presentada como prudencia, suena más bien a resignación administrativa. Como si el país tuviera que esperar a que el perdedor agote no solo sus recursos, sino también su capacidad de fastidiar el calendario nacional.
Claro que existen plazos legales. Claro que hay derecho de defensa. Claro que un sistema electoral serio debe revisar actas observadas, nulidades y apelaciones. Nadie pide una proclamación a machetazos. Pero una cosa es garantizar debido proceso y otra muy distinta es permitir que la derrota se disfrace de expediente, que el berrinche se vuelva estrategia y que doce acciones más de JP funcionen como piedras lanzadas al engranaje institucional. A estas alturas, queda claro que se trata de acciones dilatorias. El sistema no debería admitirlas más.
Si la ley permite semejante elasticidad, entonces la ley necesita cirugía. No maquillaje. Plazos más cortos, causales más estrictas, sanciones reales por recursos temerarios, filtros de admisibilidad más severos y una segunda vuelta diseñada para cerrarse rápido, no para quedar secuestrada por narrativas de fraude sin pruebas.
El problema es que esa reforma ya no alcanza para las regionales y municipales, porque están convocadas y en curso. Otra vez llegamos tarde. Otra vez cambiamos el candado cuando ya nos volvieron a vaciar la casa.
Burneo puede tener razón cuando dice que el JNE no inventó los plazos. Pero presidir no es solo explicar la demora. También es ejercer autoridad, marcar límites y evitar que el sistema parezca rehén de quien perdió. Porque cuando la ley sirve para garantizar derechos, fortalece la democracia. Pero cuando se convierte en coartada para alargar la derrota, la degrada.
Colombia entregó credenciales. Perú entrega excusas. Y esa diferencia, aunque duela, retrata algo peor que atraso institucional. Retrata un sistema demasiado paciente con el capricho, demasiado lento con la certeza y demasiado dócil con quienes descubrieron que perder también puede convertirse en maña, presión y chantaje político.
