Cuando los resultados favorecían a Sánchez pedían prudencia. Cuando la incertidumbre dejó de favorecerlos, empezaron a hablar de fraude.
Las democracias maduras se ponen a prueba cuando los resultados son adversos. Las frágiles, cuando nadie acepta perder. El Perú parece acercarse peligrosamente al segundo escenario.
Hay una diferencia sustancial entre cuestionar una proyección estadística y cuestionar la democracia misma. El problema es que en el Perú de hoy algunos parecen incapaces de distinguir una cosa de la otra.
La indignación que ha provocado en Juntos por el Perú el análisis posterior realizado por Alfredo Torres resulta, cuando menos, curiosa. Según sus dirigentes y simpatizantes, sugerir que el resultado final podría ser distinto al mostrado inicialmente por el conteo rápido constituye poco menos que un atentado contra la voluntad popular.
Sin embargo, omiten un detalle fundamental. El mismo domingo por la noche, IPSOS, Datum y Transparencia fueron categóricos al señalar que la estrechez del resultado impedía determinar un ganador. No fue una precisión secundaria. Fue el dato más importante de toda la jornada electoral.
No existía ganador.
El conteo rápido de IPSOS otorgaba una ventaja de 0.6 puntos a Roberto Sánchez, pero con un margen de error de ±1.9 puntos. Datum, por su parte, daba a Sánchez una ventaja de 0.28% sobre Keiko Fujimori con un margen de ±1%. Ambos escenarios apuntaban exactamente hacia la misma conclusión. El país enfrentaba un empate estadístico.
Por eso resulta sorprendente que quienes hoy descalifican a Torres por advertir que el resultado podría revertirse sean los mismos que el domingo decidieron convertir un conteo rápido sin ganador definido en un certificado de victoria definitiva.
La verdadera pregunta es otra. Si desde el inicio se advirtió que la diferencia era demasiado estrecha para proclamar un vencedor, ¿por qué considerar legítimo el resultado preliminar cuando favorecía a Sánchez e ilegítimo cualquier análisis posterior que plantee un desenlace distinto?
La respuesta parece sencilla. El problema nunca fue la metodología. El problema es el resultado.
Cuando los ‘boca de urna’ favorecieron a Keiko Fujimori, desde Fuerza Popular se llamó responsablemente a esperar el conteo oficial. Horas después, Roberto Sánchez apareció en el balcón de la Plaza San Martín hablando como presidente electo, reivindicando una victoria popular y anunciando transformaciones institucionales como si el país ya hubiese emitido un veredicto definitivo.
Hoy, cuando esa misma incertidumbre vuelve a manifestarse, aparecen las denuncias de fraude, robo de la voluntad popular y llamados a la movilización.
La democracia no funciona así.
No puede convertirse en un sistema donde las encuestas son sagradas cuando favorecen nuestras aspiraciones y sospechosas cuando dejan de hacerlo. Tampoco puede reducirse a una ecuación tan elemental como peligrosa. Si gano, ganó la democracia. Si pierdo, me hicieron fraude.
Lo verdaderamente preocupante no es la reacción airada frente a un análisis electoral. Es la disposición a sembrar desconfianza sobre cualquier resultado que no coincida con una victoria previamente anunciada desde un balcón.
La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de cómo empiezan estos procesos. Primero se instala la certeza de una victoria inevitable. Después se desacredita cualquier desenlace distinto. Finalmente aparecen quienes consideran legítimo defender en las calles lo que no lograron consolidar en las urnas.
Los líderes responsables preparan a sus seguidores para aceptar cualquier resultado legítimo. Los irresponsables los preparan únicamente para celebrar si ganan y rebelarse si pierden.
En una elección definida por décimas y miles de votos, la prudencia no era una estrategia comunicacional. Era una obligación democrática.
El Perú atraviesa horas decisivas. Precisamente por ello, el país necesita líderes capaces de desactivar tensiones, no dirigentes empeñados en incendiar la pradera porque los números dejaron de contar la historia que esperaban escuchar.
En este escenario, la mayor responsabilidad recae sobre el presidente encargado, José María Balcázar. Al margen de simpatías políticas, afinidades ideológicas o de lo que dicte su conocido corazoncito, su obligación constitucional es una sola: garantizar el orden democrático, hacer respetar el resultado oficial y actuar con firmeza frente a cualquier intento de quebrar la paz pública.
La omisión, en circunstancias como estas, también tiene consecuencias. Si actúa con rapidez y responsabilidad, todavía puede contribuir a desactivar una crisis que apenas empieza a asomarse. Si decide mirar hacia otro lado mientras algunos juegan irresponsablemente con el fuego, deberá asumir la responsabilidad política y legal que la historia y la ley le exijan.
Porque cuando la pradera está seca, la neutralidad frente a quienes portan fósforos deja de ser prudencia. Se convierte en complicidad.
