Cuando el poder decide que la norma es opcional
En el Perú, el desacato dejó de ser una anomalía para convertirse en método. Ya no es un desliz administrativo ni una interpretación discutible, sino una conducta deliberada de autoridades que han decidido que la ley se obedece solo cuando no incomoda. El caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es hoy el ejemplo más nítido- y más alarmante- de esa degradación institucional.
El Poder Judicial ordenó expresamente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, entregar la lista de ciudadanos que votaron en las elecciones del 2021. No era una sugerencia. No era una recomendación. Era un mandato judicial. La respuesta fue el desacato. Corvetto optó por desconocer la orden, como si el cargo que ocupa estuviera por encima de la ley. Y lo hizo con una naturalidad inquietante, amparado en la certeza de que, en el Perú de hoy, desacatar la ley no suele tener consecuencias.
El problema es aún más grave si se recuerda que Corvetto ejerce el cargo sin haber sido ratificado conforme al procedimiento regular. Su permanencia al frente de la ONPE quedó condicionada a la reincorporación de dos miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), previamente suspendidos, para recién entonces evaluar su ratificación. Ese limbo institucional debilitó desde el inicio la legitimidad de su gestión. Hoy, ese antecedente ya no es una nota al pie. Es parte del problema. Un jefe electoral ratificado en segunda instancia, desacatando una orden judicial, no es una anécdota. Es una señal de descomposición.
Nada de esto es casual. El desacato se ha normalizado en el Estado. Fiscales que ignoran resoluciones de la JNJ, que relativizan sentencias del Tribunal Constitucional o que promueven, con alarmante liviandad, la aplicación del control difuso para sortear leyes incómodas. La lógica es siempre la misma. Si la norma estorba, se la interpreta. Si persiste, se la ignora. El mensaje es devastador. La ley ya no manda; es letra muerta.
Cuando esta conducta se instala en organismos autónomos, el daño es serio. Cuando alcanza al sistema electoral, el daño puede ser letal. El Perú llegará al proceso electoral del 2026 arrastrando heridas abiertas desde el 2021, unas elecciones que dejaron un profundo manto de desconfianza ciudadana. En ese contexto, el Jurado Nacional de Elecciones tenía una obligación histórica. Actuar con rigor, coherencia y transparencia absoluta.
Sin embargo, la gestión de su novel presidente, Roberto Burneo, ha transitado el camino contrario. En mayo, frente a un informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y las investigaciones periodísticas que revelaban la inscripción dolosa de más de una decena de partidos- con miles de firmas falsas, militantes inexistentes y comités fantasmas-, Burneo prometió investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares. Fue categórico. Los partidos involucrados serían excluidos.
En junio anunció que las investigaciones estaban por concluir. Luego vino el silencio. No hubo informe final. No hubo decisiones. No hubo explicaciones. En los hechos, la omisión fue una decisión política. Permitir que esas organizaciones participen, pese a que su inscripción estaría viciada de dolo y, eventualmente, de delito.
La doble vara es inocultable. Mientras se tolera la participación de partidos con graves cuestionamientos de origen, el JNE fue inflexible al excluir a Acción Popular, una organización histórica fundada por Fernando Belaunde Terry. Sin matices, sin gradualidad y, según varios especialistas, incluso excediendo sus atribuciones legales. No se discute aquí la legalidad del fallo, sino la falta de coherencia. La ley no se aplicó igual para todos.
Así se construye la república del desacato y la ley muerta. Una en la que las órdenes judiciales se ignoran, las investigaciones se diluyen y las reglas cambian según el actor. Una en la que las instituciones electorales, en lugar de disipar dudas, las multiplican. Piero Corvetto y Roberto Burneo quedan políticamente descalificados para conducir el próximo proceso electoral. Uno por sus antecedentes. El otro por su inconsecuencia.
La democracia peruana ya es frágil. No soportará otro proceso electoral bajo sospecha. Permitir la participación de partidos inscritos fraudulentamente no es un tecnicismo ni un error administrativo. Es una amenaza directa a la legitimidad del próximo gobierno.
Porque si la ley es optativa, si el desacato no se sanciona y si la institucionalidad se administra con doble rasero, la pregunta ya no será quién gane las elecciones del 2026.
La verdadera pregunta será si el país podrá aceptar el resultado sin volver a preguntarse- otra vez- si todo fue realmente limpio.
