La exclusión de un partido histórico expone una preocupante asimetría en la aplicación de la Ley Electoral.
La exclusión de Acción Popular de las Elecciones Generales de 2026 por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no es un hecho menor. No por el partido en sí, ni por sus liderazgos actuales, sino por el precedente que se instala en el sistema democrático peruano. Cuando las reglas se aplican con severidad quirúrgica a unos y con indulgencia silenciosa a otros, el problema deja de ser electoral y se convierte en institucional.
El proceso interno del pasado 7 de diciembre ha sido utilizado como fundamento para una exclusión drástica. Se habla de irregularidades en la elección de delegados, incluso de presuntas suplantaciones. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo encargado de supervisar y garantizar la transparencia de dichos procesos, no emitió en su momento un pronunciamiento concluyente que advirtiera fraude, nulidad o vicio insubsanable. Si la autoridad técnica no alertó, cabe preguntarse si corresponde que otra instancia construya una sanción máxima sobre hechos que no fueron oportunamente observados.
Aquí surge la primera grieta institucional. ¿Estamos frente a un exceso en las atribuciones o ante una interpretación extensiva que desborda la competencia? El derecho electoral, como cualquier rama del derecho público, exige predictibilidad. No puede haber democracia sólida cuando las consecuencias no se desprenden con claridad de las conductas previamente reguladas.
Más preocupante aún es la comparación inevitable. Más de una decena de partidos logró su inscripción con firmas falsas y militantes inexistentes. Hechos que no son meras irregularidades administrativas, sino delitos flagrantes. En esos casos, el sistema optó por la omisión, la demora o el archivo. No hubo exclusión inmediata ni sanción ejemplar. Hubo silencio.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, parece avalar una decisión severa en un caso y tolerante en muchos otros. Esa asimetría erosiona la confianza pública. No se trata de defender a un partido ni de cuestionar una ideología. Se trata de exigir coherencia. La ley no puede ser un látigo selectivo ni una venda oportunista.
El congresista Ilich López ha planteado una demanda constitucional que apunta precisamente a esta falta de equilibrio. El propio Alfredo Barnechea, candidato ganador en el proceso cuestionado, ha advertido que el problema no es el resultado, sino el estándar con el que se mide. Ambos coinciden en algo esencial. La democracia no sobrevive a la arbitrariedad, incluso cuando esta se disfraza de legalidad.
Un sistema electoral serio sanciona, pero también explica. Corrige, pero también previene. Y sobre todo, aplica el mismo rasero a todos. Hoy, el mensaje que se transmite es peligroso. Para unos, la ley en su máxima expresión. Para otros, la indulgencia administrativa y el olvido.
La pregunta final no es jurídica, es democrática. ¿Queremos elecciones con reglas claras o decisiones impredecibles? ¿Queremos instituciones que generen confianza o autoridades que administren silencios? Cuando la ley pierde coherencia, la democracia pierde legitimidad. Y ese costo, a diferencia de un error electoral, lo pagamos todos.
