El próximo jefe de Estado podría asumir sin poder real, frente a un Parlamento fragmentado y voraz.
La elección del 12 de abril no elegirá a un presidente. Elegirá, en los hechos, a los dos candidatos que pasarán a disputar el poder en la segunda vuelta del 7 de junio. La primera verdad incómoda es otra: quien finalmente gane podría llegar a Palacio con fecha de vencimiento. La segunda es todavía peor. Todo indica que asumirá sin una bancada numerosa y sin control del nuevo Congreso bicameral, es decir, sin una defensa política real frente a cualquier ofensiva parlamentaria.
Las últimas encuestas ya dibujan esa amenaza. El simulacro de Ipsos para el Senado mostró que apenas cinco o seis partidos pasarían la valla electoral, y en el mejor de los casos quizá siete. Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, País para Todos y Ahora Nación asoman como las fuerzas más sólidas, mientras Juntos por el Perú y alguna otra organización disputan los últimos espacios. El dato no retrata estabilidad. Retrata fragmentación. Ninguna fuerza aparece en condiciones de ordenar por sí sola el Parlamento. Y eso significa que el próximo presidente dependerá, desde el primer día, de pactos, treguas, cuotas y cálculos ajenos.
En teoría, la bicameralidad debía mejorar la representación. En la práctica, podría inaugurar un sistema más complejo, pero no más gobernable. Habrá 60 senadores y 130 diputados. Para controlar ambas cámaras harán falta mayorías que no surgirán de una sola fuerza, sino de coaliciones armadas sobre intereses del momento. En un país como el Perú, eso no suele traducirse en acuerdos programáticos. Suele traducirse en transacciones, condicionamientos y chantajes recíprocos.
El problema no empieza en abril. Tiene antecedentes en el Congreso de 2016 y en el Congreso complementario de 2020. Pero el que se lleva, sin discusión, los palmarés es el Parlamento de 2021-2026, acaso el peor de la historia. Ese Congreso dejó un precedente demoledor. Vacó a Pedro Castillo en diciembre de 2022 tras su fallido intento de autogolpe. Luego vacó a Dina Boluarte en octubre de 2025. Más tarde sacó también a José Jerí, que había llegado a la Presidencia por encargatura desde la Mesa Directiva. Después colocó a José María Balcázar. Es decir, el Parlamento terminó rediseñando, una y otra vez, quién ocupaba el poder en el Perú.
Esa es la señal de fondo. En el Perú, la caída de un presidente ya no parece una excepción institucional. Empieza a parecer una posibilidad siempre disponible. Basta una suma transitoria de voluntades, un contexto de desgaste, una oportunidad política y una narrativa de reemplazo. El Congreso ha aprendido que puede vaciar de poder al Ejecutivo, cercarlo o sustituirlo sin necesidad de cargar, necesariamente, con todo el costo. Y cuando una práctica así se normaliza, deja de ser una salida extrema y empieza a convertirse en método.
Por eso, el próximo mandatario llegará a Palacio con un problema mucho más serio que la falta de una luna de miel. Llegará con una amenaza estructural. Si no cuenta con una bancada propia, sólida y numerosa, gobernará al borde del abismo. Cada crisis será una advertencia. Cada censura, un mensaje. Cada alianza rota, una cuenta regresiva.
La pregunta, entonces, no es solo quién ganará la elección. La pregunta real es cuánto tiempo le permitirán gobernar.
Porque en el Perú de hoy, llegar al poder puede ser difícil. Conservarlo parece todavía más improbable.
