La ONPE organizó el desastre, pero el JNE lo dejó pasar. Y la última entrevista de Roberto Burneo no lo salva. Lo desnuda.
Una elección no se legitima solo contando votos. Se legitima garantizando que todos puedan votar, que el material llegue a tiempo, que las actas estén custodiadas y que el sistema STAE funcione sin zonas oscuras. Cuando todo eso falla, no estamos ante una deficiencia logística. Estamos ante una elección herida y profundamente cuestionada.
Lo ocurrido en la primera vuelta no fue un incidente aislado. Fue una cadena de señales rojas que las autoridades conocían antes de que el ciudadano llegara a su local de votación. La ONPE, dirigida por Piero Corvetto, era la responsable operativa. Pero el JNE, presidido por Roberto Burneo, era el garante superior del proceso. Y un garante no está para mirar cómo se incendia la casa electoral mientras invoca el calendario.
La entrevista de Burneo con Diana Seminario en El Comercio termina siendo más reveladora de lo que quizá él mismo calculó. Al decir que Corvetto ‘nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo’, Burneo intenta descargar toda la responsabilidad sobre la ONPE. Pero en esa frase también confiesa algo demoledor. El JNE sabía. Había advertido desde el 10 de abril retrasos en las rutas de distribución del material electoral y la mañana del 11 seguía advirtiendo demoras. Según el propio Burneo, esas alertas quedaron documentadas en actas de fiscalización.
Entonces la pregunta ya no es si Corvetto mintió. La pregunta es por qué Burneo, sabiendo que le mentían, permitió que el país fuera igual a votar.
Ese es el punto que su entrevista no resuelve. Lo agrava. Porque si el presidente del JNE admite que había información previa, que existían actas, que los fiscalizadores ya registraban problemas y que la ONPE daba garantías que luego no se cumplieron, la responsabilidad del garante deja de ser lateral. Se vuelve central.
Y hay un punto aún más incómodo. Burneo prometió 50 mil fiscalizadores cuidando el proceso. Sin embargo, unos presuntos audios de un fiscalizador del JNE difundidos en Beto a Saber apuntan a una orden mucho más incómoda: no acompañar las actas a las ODPE. Entonces, ¿los fiscalizadores estaban para cautelar el voto o para la finta institucional?
Burneo se refugia en los plazos legales. Pero esa defensa es pobre, cómoda y peligrosa. Los plazos ordenan una elección, no la santifican. Ningún cronograma puede estar por encima del derecho al voto ni de la transparencia del proceso. Si cumplir una fecha significa empujar al país a una jornada deficiente, el deber del garante no es obedecer el reloj. Es proteger la voluntad popular.
El JNE pudo frenar la catástrofe. Pudo exigir correcciones reales. Pudo declarar que no existían condiciones mínimas. Pudo aplazar la jornada una o dos semanas y asumir el costo político de defender la limpieza electoral. No lo hizo. Prefirió dejar correr el proceso, aun cuando las alarmas estaban encendidas.
El resultado fue el que todos vimos. Locales con retrasos, ciudadanos que no pudieron votar, dudas sobre el traslado del material, cuestionamientos al STAE, episodios que comprometen la cadena de custodia y una auditoría internacional anunciada recientemente, sin detalles suficientes, como quien intenta apagar con un comunicado el incendio que no quiso prevenir.
Ahí está el núcleo de la responsabilidad de Burneo. No se trata solo de que la ONPE organizó mal. Se trata de que el JNE tuvo información, tuvo autoridad y tuvo tiempo para actuar. Pero no actuó con la firmeza que exigía el momento. Eso no es fiscalización. Es abdicación.
Y cuando el árbitro abdica, el resultado queda bajo sospecha.
La democracia no se defiende proclamando cifras sobre escombros institucionales. Se defiende garantizando que el camino hacia esas cifras sea limpio, verificable y confiable. Si el máximo órgano electoral sabía que el proceso venía comprometido y aun así lo dejó correr, la duda deja de ser una exageración opositora. Se convierte en una consecuencia lógica.
Corvetto tendrá que responder por la organización. Pero Burneo debe responder por algo más grave. Por haber sido el garante que pudo detener una elección cuestionada y eligió mirar pasar el desastre.
Roberto Burneo debe renunciar. Y si no tiene la dignidad de hacerlo, la JNJ debe removerlo en el acto.
