El empresariado peruano ha pedido auditorías, transparencia y sanciones. Pero lo ha hecho con una prudencia tan medida que parece más preocupado por no incomodar a nadie que por defender el voto ciudadano.
Hay silencios que pesan más que un comunicado. Y hay comunicados que, de tan tibios, terminan pareciéndose demasiado al silencio.
Tras una elección plagada de serios cuestionamientos, varios gremios empresariales salieron a pronunciarse. CONFIEP pidió transparencia, auditoría independiente y garantías para la segunda vuelta. La SNI solicitó a la ONPE información detallada sobre mesas instaladas y electores afectados en Lima y Callao. Otros gremios, entre ellos ADEX, CANATUR, Perucámaras y AGAP, expresaron preocupación por las irregularidades y reclamaron auditoría internacional, sanciones y control concurrente. Todo correcto. Todo institucional. Todo cuidadosamente redactado.
Pero ahí está precisamente el problema. Cuando una elección deja a centenas de miles de ciudadanos, cuando menos, potencialmente afectados por demoras, desorden logístico, mesas instaladas fuera de hora y condiciones alteradas para ejercer el voto, la reacción empresarial no puede parecer una carta notarial escrita con miedo a molestar al poder.
Entonces cabe la pregunta incómoda. ¿Odian más al chancho o al chicharrón?
Porque en ciertos sectores del empresariado peruano parece existir una antipatía visceral contra Rafael López Aliaga. Lo consideran confrontacional, tosco, procaz, incómodo, demasiado suelto de lengua frente a medios, grupos de poder, encuestadoras, bancos y élites acostumbradas a influir sin ser nombradas. No le perdonan sus denuncias, sus ataques ni su estilo. Puede no gustarles. Están en su derecho. Pero una cosa es rechazar a un candidato y otra muy distinta es permitir que esa antipatía anestesie la reacción frente a una elección con visos de fraude.
El punto no es defender a Porky. El punto es defender el voto. La democracia plena.
Si López Aliaga fue uno de los más perjudicados por las fallas del proceso, ignorar su reclamo solo porque cae mal revela una mezquindad política peligrosa. Peor aún, evidencia una ceguera suicida. Porque al minimizar lo ocurrido, algunos terminan allanando el camino a Roberto Sánchez, un candidato de izquierda radical que habla de un proyecto de largo aliento, asamblea constituyente y cambio de reglas. Es decir, exactamente aquello que podría dinamitar el modelo que permitió crecimiento, inversión y estabilidad relativa durante el último cuarto de siglo.
La ironía es brutal. Parte del empresariado que durante años prosperó bajo estas reglas hoy parece dispuesto a mirar de costado porque le incomoda el candidato que denuncia sus pactos, silencios o privilegios. Entre su alergia al chancho, el caviarismo de salón y ese progresismo culposo que ha germinado en ciertos ambientes empresariales, pueden terminar entregándole el país al chicharrón ideológico.
El Perú no necesita empresarios valientes solo para inaugurar foros, firmar comunicados o pedir predictibilidad jurídica cuando les afecta el bolsillo. Necesita una clase empresarial capaz de entender que sin democracia limpia no hay mercado, no hay inversión y no hay país.
Porque si el odio político pesa más que la defensa del sistema democrático, entonces el problema ya no es solo electoral. Es moral.
Y ahí conviene hacerse la pregunta de fondo. ¿Algunos empresarios quieren salvar al Perú o solo cobrarse una revancha contra quien les resulta incómodo?
Porque si por odiar al chancho terminan abrazando el chicharrón, no habrán defendido la democracia. Habrán sido cómplices elegantes de su demolición.
