Cuando el voto debía salvarse, el JNE interpretó. Cuando debía repararse, Burneo eligió esconderse detrás de la estadística.
El problema no fue el ausentismo. El problema fue el Estado.
El 12 de abril no fallaron los ciudadanos. Falló el sistema. Mesas que no abrían, electores esperando, desorden logístico en Lima y una jornada electoral convertida en prueba de resistencia. Frente a ese caos, el Jurado Nacional de Elecciones tomó una decisión excepcional. Extendió el horario de votación y permitió que algunas mesas continuaran al día siguiente.
Es decir, interpretó.
Flexibilizó la regla para salvar el derecho al voto. Aplicó, en los hechos, un criterio pro sufragio. Entendió que la democracia no podía quedar atrapada en el reloj ni en el desastre operativo de los organismos electorales. Hasta ahí, razonable.
Pero cuando se pidió evaluar elecciones complementarias en Lima, la respuesta fue otra. Ya no hubo amplitud. Ya no hubo audacia. Ya no hubo criterio pro ciudadano. Hubo cálculo, informe técnico y portazo institucional.
Y ese portazo tiene nombre propio: Roberto Burneo.
Porque el presidente del JNE no puede pasar piola frente a una decisión que toca el nervio mismo de la legitimidad democrática. No estamos hablando de una controversia menor ni de un tecnicismo electoral. Estamos hablando de ciudadanos que pudieron haber sido impedidos de votar por fallas atribuibles al propio Estado.
El mismo JNE que un día interpretó la ley para extender la elección, después interpretó la misma crisis para declarar ‘inviable’ cualquier corrección posterior. Cuando se trataba de abrir mesas, la Constitución respiraba. Cuando se trataba de reparar el daño, apareció la calculadora.
Y aquí entra una contradicción mayor. El Jurado Nacional de Elecciones no resuelve solo de acuerdo a ley. También resuelve conforme a criterio de conciencia. Esa no es una frase decorativa. Es una licencia institucional superior para valorar hechos excepcionales con sentido democrático, no con comodidad burocrática.
Pero bajo Burneo, esa conciencia se volvió estadística. El criterio se volvió excusa. Y el deber de garantizar el voto quedó reducido a una discusión sobre porcentajes.
Decir que el retraso en la instalación de mesas no explica todo el ausentismo puede ser estadísticamente cierto. Pero jurídicamente es insuficiente. La pregunta no era si el retraso explicaba todo. La pregunta era si miles de ciudadanos pudieron votar en condiciones reales, libres y razonables.
La Constitución protege el sufragio. No protege la tranquilidad del JNE.
Burneo tenía una oportunidad histórica para marcar distancia de la sombra de una justicia electoral complaciente, opaca y defensiva. Tenía la ocasión de demostrar que su gestión no sería continuidad maquillada, sino corrección institucional. Pero eligió lo contrario: administrar el daño, cerrar la discusión y pedirle al país que confunda legalidad formal con legitimidad democrática.
Una democracia no se mide solo por contar votos. Se mide por garantizar que nadie sea impedido de ejercer un derecho, y menos por culpa del propio Estado.
Lo demás es trámite.
Y la democracia no puede ser tratada como trámite.
